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HUMAN RIGHTS

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

CONCLUSIONES :

   

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
LA SEGUNDA CONTROVERSIA DE VALLADOLID

 

   conclusiones

 


El Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos, celebrado en Valladolid los días 18, 19 y 20 de octubre de 2006, han constituido para la civilización actual, un hito muy importante en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, a imagen y semejanza del debate que generaron en su momento las ideas de Bartolomé de Las Casas, plasmadas en la Controversia de Valladolid de 1551.
En dicha controversia, como es sabido, se enfrentaron las ideas de Juan Ginés de Sepúlveda –nacionalismo renacentista- y las ideas innovadoras de Bartolomé de Las Casas –universalismo medieval-. Su resultado no está todavía claro; más aún, puede decirse que no hubo un resultado definitivo de dicha contienda.
No ha pasado lo mismo con esta Segunda Controversia de Valladolid. El Congreso Internacional de Derechos Humanos de 2006 se ha convertido en la Segunda Controversia de Valladolid, al acordar unas conclusiones que permitirán seguir adelante y apostar incondicionalmente por un sistema plenamente eficaz de garantía de los derechos humanos, que tenga en cuenta los cambios geopolíticos, las nuevas tecnologías y los diferentes planteamientos entre las diversas culturas.
El Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos de Valladolid ha tenido un eje fundamental: la necesaria interacción entre la democracia y los derechos humanos. Por un lado, la democracia, no sólo desde su vertiente de técnica política, sino también y principalmente, desde su consideración como sistema de valores propios de una sociedad, se ha convertido en el marco idóneo para la promoción, el respeto y la consolidación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Y, por otro lado, los derechos humanos no pueden concebirse como un instrumento de dominación e imposición ideológica o de los intereses de un sector sobre otro sector de la Humanidad, pero tampoco podemos obviar que existe un consenso acerca del valor universal de los derechos humanos.
Es necesario, por tanto, un intento que trate de conciliar la universalidad de los derechos humanos con la diversidad de las condiciones nacionales y regionales. Universalismo y Regionalismo en materia de derechos humanos no son fórmulas excluyentes o incompatibles, sino sistemas que deben coordinarse con el objetivo de profundizar en la salvaguardia de estos derechos. De este modo, el panorama en que deben actuar estos particularismos deben consistir en su función de elevar, pero nunca rebajar ni suprimir, los estándares
universalmente aceptados en materia de derechos humanos.
Este eje o premisa fundamental (democracia/derechos humanos) se ha dejado traslucir de forma constante en los seis grandes temas que se han abordado durante el Congreso. Sus conclusiones finales deberán servir para marcar los lineamientos futuros en materia de derechos humanos y guiar el comportamiento de todos los Estados que configuran la Comunidad Internacional y de la Sociedad Civil, en la permanente búsqueda del bien común de la Humanidad.

 

   Conclusión Primera: Los Derechos Humanos en la historia y su actualización.
   De Bartolomé de Las Casas hasta nuestros días.

 


El análisis de la figura de Bartolomé de Las Casas nos sitúa ante un pensador clásico en un doble sentido: ser un autor cuya lectura nos resulta vital para interpretar su propio tiempo, y, a la vez, ser un autor que podemos leer a la luz de los problemas actuales. Hoy en día, en pleno siglo XXI y ante un mundo tan convulso, el pensamiento de Bartolomé de Las Casas está más vigente que nunca. La mayor parte de sus argumentos pueden ser adaptados sin ninguna dificultad a la realidad actual: necesidad de superar la división de la Humanidad entre civilizados y bárbaros (véase, el actual debate sobre el falso choque de civilizaciones); cambios en la religión que no pueden imponerse por la fuerza, sino que deben ser el resultado de una tarea evangelizadora (véanse los hasta ahora erróneos intentos y procedimientos utilizados para transformar algunos regímenes autoritarios en democracias); y, la sustitución de unas relaciones interhumanas internacionales basadas en el dominio, la desconfianza y el temor, por un orden interno y externo, cifrados en la solidaridad fiduciaria y en la cooperación (es preciso tener en cuenta las ideas subyacentes al debate sobre la Alianza de Civilizaciones).
De esta forma, una reflexión actual sobre los derechos humanos no puede evitar hacerse eco del pensamiento de Bartolomé de Las Casas. Él supone un hito decisivo en el camino hacia el reconocimiento del otro, que culmina en la alteridad aceptada como condición misma de la universalidad. De la misma forma que se ha juzgado el pensamiento de Bartolomé de Las Casas se juzgará nuestra época en probablemente unos decenios y este comienzo del siglo XXI será considerado como uno de los momentos clave para reevaluar el progreso de nuestra civilización en la defensa de los derechos humanos.
Si hemos podido analizar el pensamiento de Bartolomé de Las Casas ha sido gracias a los testimonios documentales, de un valor incalculable, que se conservan desde la época que le tocó vivir. La pervivencia de tales documentos ha sido esencial para reconstruir la historia social y para asegurar la perpetuación de la memoria colectiva de los pueblos, respecto a períodos oscuros de su existencia. Lo mismo sucede en la actualidad, en muchas democracias, por lo que se refiere a los fondos documentales, producidos y acumulados por las instituciones de Seguridad del Estado de los regímenes preexistentes. En una catarsis colectiva, la elaboración de un informe objetivo sobre las atrocidades derivadas de la ausencia de libertades, depende directamente de la existencia y disponibilidad de los documentos custodiados en estos archivos. Estimamos, en consecuencia, que los archivos de la Seguridad del Estado de desaparecidos regímenes represivos, deben ser conservados y protegidos, considerándolos Patrimonio de la Humanidad.

 

   Conclusión Segunda: El fundamento y el concepto de los Derechos Humanos.

 


Los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado de Derecho por ser éste la institucionalización jurídica de la democracia. Estamos, pues, ante tres conceptos –Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia- íntima y profundamente interconexionados.
Estas relaciones deben entenderse como procesos históricos y continuos, que tienen el objetivo de construir, desde el mundo de los valores, una sociedad civil más vertebrada capaz de incorporarlos a los nuevos movimientos sociales.
Desde esta sociedad se deberán impulsar políticas concretas, más y mejor orientadas, para lograr hacer realidad los valores éticos, constitucionales y de cohesión social que representan la libertad, el bienestar, la solidaridad y la igualdad.
No debemos olvidar el papel del Estado como garante de los derechos humanos. El Estado debe ser impulsor de fuerzas sociales, políticas y civiles, unidas todas contra las políticas y acciones que aíslan a las culturas y a las sociedades. Un Estado que garantice la seguridad y la libertad de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Estos conceptos, seguridad y libertad, ni pueden, ni deben ser enfrentados, ya que un Estado que se tome el permiso de coartar derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, sabe dónde comienza el proceso, pero nunca sabrá dónde termina, porque se trata sólo del comienzo de una pendiente peligrosa que finaliza siempre en el precipicio. Una doctrina que justifique las restricciones y derogaciones a los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional o mundial, únicamente logrará potenciar medidas a corto o largo plazo, que resultarán más desestabilizadoras que la propia justificación que se pretende alegar y que terminarán consolidando, sin duda, un estado de excepción permanente.
El debate sobre los derechos humanos plantea hoy días un difícil reto: repensar y rebuscar un lenguaje genuinamente universal, a través del cual las diversas regiones, culturas y civilizaciones puedan conocerse y reconocerse. Sólo así se podrá transitar por el camino de la convivencia y la dignidad humanas que, desde luego, en el siglo XX no supimos andar bien. Ese camino exige un compromiso con los derechos humanos inspirados en los valores inherentes a la dignidad de la persona humana.
Este respeto del principio de la dignidad humana pasa por una apuesta decidida por la promoción del diálogo, la comprensión mutua y el aprecio de la diversidad étnica, cultural y religiosa. Se hace imprescindible una alianza de valores y de personas que potencien el multiculturalismo nacido de las diferentes culturas, pero siempre comprometidas con normas, valores e ideales democráticos.
La consecución de estos objetivos debe pasar por impulsar decididamente una educación en valores que desarrolle el pensamiento crítico y mejore la convivencia, facilitando la comprensión mutua, el diálogo intercultural, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres y las relaciones armoniosas entre los pueblos.

 

  Conclusión Tercera: La protección de los grupos vulnerables.

 


El concepto “Derechos Humanos” es portador de universalismo y no puede excluir ninguna categoría de ser humano. El principio de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos” se configura como una afirmación abstracta para una gran mayoría de seres humanos. Un balance general sobre nuestra concepción de los derechos y la voluntad política de tomarlos en serio, pone de manifiesto nuestra deficiente respuesta con respecto a los derechos de los grupos especialmente vulnerables y del reconocimiento del primero de los derechos humanos: el derecho a tener derechos. El debate sobre los derechos de las personas más vulnerables tiene que ver con un debate más amplio: ¿qué lugar ocupa “la diferencia” en la sociedad y qué función y responsabilidad corresponden al Estado en la comprensión de esa diferencia? Debemos rechazar la confusión entre protección social y reconocimiento de derechos fundamentales, ya que en la mayoría de las ocasiones se incide en que las personas deben ser “protegidas” en lugar de otorgarles derechos. Esto provoca el que estas personas “protegidas” queden en situación de “dependencia”, en lugar de conseguir la autonomía e independencia propia del que ejerce y ve respetados sus derechos. Pero no debemos olvidar que las normas jurídicas no son una panacea.
La verdadera discriminación está en la mentalidad de la sociedad. Es imprescindible eliminar los prejuicios y estereotipos que privan a las personas más vulnerables del disfrute de todos sus derechos humanos. Difícilmente se puede responder de forma adecuada a aquello que se desconoce, en la medida en que no se tiene la voluntad de conocerlo, sino sólo de dominarlo.
El principio que exalta el universalismo igualitario, punto básico de partida, no puede progresar más que en relación con la evolución de las sociedades. La lucha en favor del pleno reconocimiento y garantía de los derechos humanos de la mujer debe mantenerse en el corazón de una lucha global para la evolución de los derechos humanos: la lucha por la democracia.
La relación derechos humanos - inmigración se ha convertido en un símbolo del estado actual de evolución de los derechos humanos. La prioridad en las políticas de inmigración se ha centrado en la dimensión de la seguridad, de policía de fronteras y control, y no tanto en la supremacía del principio de igual respeto de los derechos humanos, expresados en instrumentos jurídicos internacionales e incorporados en ordenamientos jurídicos internos. Debemos exigir el pleno cumplimiento por parte de todos los Estados del estándar jurídico internacional de las personas migrantes.
Nos encontramos ante modelos ineficaces de gestión de los flujos migratorios por un déficit de igualdad en el reconocimiento de los derechos humanos universales. La brecha demográfica y económica que se abre entre los Estados desarrollados y los Estados en vías de desarrollo, es la espoleta de la inmigración forzosa y, por tanto, hay que actuar sobre las causas de dicha falla -erradicar las situaciones de miseria, de ausencia de libertades y de democracia- y construir una verdadera estrategia de ayuda al desarrollo, para que la inmigración no se convierta en un destino forzoso, una condena y en la única alternativa posible si se quiere sobrevivir, o si se quiere mejorar de acuerdo con el propio proyecto de vida.
Las relaciones entre discapacidad y derechos humanos se producen en ambos sentidos: el respeto de los derechos humanos influye en la discapacidad y ésta a su vez es especialmente relevante en el marco del respeto de los derechos humanos. La situación es grave en ambas direcciones: de una parte, la violación de los derechos humanos está en el origen de un gran número de personas con discapacidad; de otra parte, las personas con discapacidad son, tal vez, el grupo más vulnerable a la violación de sus derechos. Se deben erradicar las barreras culturales, legales y físicas que se levantan frente a las personas discapacitadas, por causa de la falta de sensibilidad del Estado y de la Sociedad Civil hacia la diferencia que representa esa discapacidad, sin querer / saber / poder abordar la manera en que los diversos procesos económicos y sociales tienen en cuenta o no, según el caso, la diferencia implícita en la discapacidad.
Hay que tomarse en serio la garantía de los derechos humanos de los niños, mucho mejor protegidos contra abusos y negligencias allí donde sus derechos son también reconocidos. Si el mundo crece pensando en los derechos de los niños, la batalla para su reconocimiento comportará que, en un futuro, podamos no sólo analizar el porvenir de nuestro planeta, sino incluso empezar a cambiarlo.
Los derechos humanos de las minorías, entre ellos los de los pueblos indígenas, requieren una protección global que garantice la integridad física de sus miembros, la no-discriminación y el reconocimiento de su propia identidad cultural en el marco de un sistema universal.
Por ello, es fundamental el reconocimiento constitucional, en las distintas naciones, de los pueblos (concepto superior al de etnias) indígenas u originarios en tierras o continentes donde se ha producido la fusión de los llegados con los habitantes originarios, por un lado y, por el otro, respecto de éstos que constituyen minorías (o mayorías). Este reconocimiento constitucional debe extenderse a los pueblos indígenas u originarios y a sus derechos económicos, sociales y culturales, como a su derecho a la diversidad y a su libre determinación.

 

   Conclusión Cuarta: La garantía internacional de los Derechos Humanos.

 


La guerra contra el terrorismo ha lastimado la esencia de los derechos humanos y ha planteado, entre otros, el tema de la compatibilidad de la tortura con el principio de legalidad. Si hoy en día se ha vuelto a plantear este debate es porque algunos políticos, legisladores, jueces, juristas o filósofos se han propuesto abrir la caja de pandora. La lucha contra estas prácticas, totalmente contrarias al principio del respeto de la dignidad humana, pasa por la implementación de mecanismos de garantía de los derechos humanos para que estos sean realmente eficaces.
La promoción y protección de los derechos humanos en la Comunidad internacional se ha convertido en uno de los tres pilares centrales de la actividad de la Organización de las Naciones Unidas, junto con el mantenimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo. De este modo, tanto el sistema convencional como el extraconvencional de control, han ido mejorando sus técnicas de actuación a lo largo de los años pero, al mismo tiempo, han venido mostrando patologías y disfunciones que privan, a veces de modo intenso, de eficacia a su labor.
Se debe, por tanto, trabajar en la reforma de estos sistemas ya que la causa de los derechos humanos debe entrar en una nueva era: la de su aplicación.
Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos no tienen sentido si no refuerzan al sistema universal y, sobre todo, si no logran un buen equilibrio entre el control regional y el control nacional, dando pleno sentido a la razón de ser de su existencia: la subsidiariedad. La legitimación de los particulares ante los órganos internacionales es vital; pero tan importante, o más, es la aportación del sistema regional y universal al mejoramiento y perfeccionamiento de la protección nacional de los derechos humanos.
Ante conflictos internos en los que los tribunales del Estado se vean incapaces para juzgar de forma independiente y justa las violaciones masivas de los derechos humanos, la justicia transicional deberá comportar la creación de aquellos mecanismos que permitan la búsqueda de la verdad y la reconciliación en las sociedades nacionales que pretendan superar los obstáculos en el difícil camino hacia la paz y la democracia.

 

   Conclusión Quinta: Pobreza y Derechos Humanos.

 


El binomio pobreza-riqueza es en la actualidad más extremo que nunca lo fue antes en la historia. Las diferencias entre ricos y pobres, entre el Mundo rico y el Mundo pobre, son abismales. Hay que preguntarse por qué tantos millones de personas son pobres en medio de la abundancia y eficiencia globales del sistema. Algo tiene que estar mal. Los problemas políticos e institucionales tienen un papel crucial al perpetuar las desigualdades y los resultados de pobreza, cuya solución va más allá de las medidas estrictamente económicas, como ponen de manifiesto los Objetivos del Milenio. La pobreza es obra del hombre y puede ser superada y erradicada por la acción de los seres humanos. Superar la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho fundamental del ser humano, el derecho a la dignidad y a una vida decente.
La superación de la mala organización ético-moral de la vergonzante, irracional y absurda economía mundial pasa por la conceptualización del desarrollo como un derecho humano y por la búsqueda de alternativas correctoras de la desigualdad como, por ejemplo, el derecho a la renta básica.
Han pasado muchos años desde que fuera proclamado el Derecho al desarrollo por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pese a que ha sido reafirmado posteriormente en múltiples ocasiones, la formulación jurídica y la puesta en práctica de este derecho aún adolece de imprecisiones y falta de operatividad. En un mundo globalizado donde el gap entre países industrializados y países en vías de desarrollo es cada vez mayor, superar tales defectos es de imperiosa necesidad. Sería conveniente determinar el contenido jurídico
específico de tal derecho, delimitar sus titulares y los sujetos implicados en su realización y precisar, así, su justiciabilidad. Estamos ante un derecho distinto cuyo contenido y realización conlleva necesariamente un cambio en la estrategia de las políticas y relaciones económicas internacionales.
Entre las alternativas posibles, destacamos el derecho a la Renta Básica, que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad.

 

   Conclusión Sexta: Nuevas tecnologías y Derechos Humanos.

 


Las nuevas tecnologías constituyen un inmenso cauce de desarrollo de la condición humana, en todas sus esferas. Pero suponen también la aparición de ciertos riesgos y amenazas para la libertad más implacables que los sufridos e imaginados en cualquier período anterior de la historia. La decisión sobre los impactos presentes y futuros de las nuevas tecnologías en la esfera de las libertades corresponde a los ciudadanos. Es necesario que las nuevas tecnologías lejos de actuar como medio opresivo, se conviertan en vehículo para una convivencia política en la que el progreso no se consiga al precio de la libertad y de la justicia. Debe propiciarse el juicio crítico y la reflexión totalizadora e interdisciplinar entre el mundo de las nuevas tecnologías y el mundo de los ciudadanos.
Para todos los seres humanos es de primordial importancia estar atentos a las consecuencias que la tecnología pueda tener para el respeto y la promoción de los derechos humanos, reconocidos y garantizados en los instrumentos jurídicos internacionales. El contenido ético del derecho se va plasmando históricamente y se concreta en la obligación de atender, no sólo a las violaciones que para que los derechos y libertades puedan seguirse de las biotecnologías, sino, también, en la necesidad de acoger las mejoras que para el ejercicio de estos derechos, como el derecho a la salud o el derecho al medio ambiente, tales adelantos puedan suponer.

 

   Conclusión Séptima: Creación de un Instituto de Derechos Humanos en Valladolid.

 


Consideramos que estas jornadas de reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de los derechos humanos no deben quedar en meros pronunciamientos teóricos. El debate aquí generado y las conclusiones recogidas en la Segunda Controversia de Valladolid deben constituirse en piedra angular de la futura creación, en la ciudad de Valladolid, de un Instituto-Observatorio Permanente sobre la vigencia y el cumplimiento de los Derechos Humanos.

 

Valladolid, a 20 de octubre 2006